La última franja electoral chilena evidenció un cambio profundo en los patrones de desinformación, marcado por el uso de deep fakes, mensajes manipulados y desórdenes informativos difíciles de verificar, que afectan especialmente a los votantes de mayor edad y deterioran el debate democrático. Estudios del Observatorio Desinformación Chile y del PNUD advierten un auge de la “comunicación tóxica”, con altos niveles de agresividad y ataques políticos, mientras el vacío regulatorio respecto de contenidos generados con inteligencia artificial plantea urgentes desafíos para la transparencia, la ética y la protección de la honra durante los procesos electorales.

En el desarrollo de los últimos procesos electorales en Chile hemos visto una transformación en los tipos de desinformación, pasando de ser estrategias con intencionalidad, formatos y caracterizaciones establecidas a convertirse en desórdenes informativos que no se ubican en lo factual y que cada vez son más complejos de desmentir o chequear.

Se trata de contenidos imprecisos, opiniones y aseveraciones que, si bien no afirman hechos, se ubican entre la opinión y el carácter condicional, cuyo efecto provoca confusión en la opinión pública en torno a las opciones electorales. La reciente franja electoral televisiva de las elecciones presidenciales de primera vuelta ha sido un ejemplo de esto. Más que informar a los ciudadanos algunos de los candidatos de los partidos políticos incurrieron incluso en el uso de los llamados deep fakes (videos o imágenes producidos con IA) que en su contenido aluden a situaciones ficticias debido a la falta de un mecanismo de regulación. A pesar de que el Consejo Nacional de Televisión es la entidad encargada de coordinar la exhibición de la propaganda electoral, carece de atribuciones para sancionar o intervenir contenidos. Por lo anterior pareciera valorable que a lo menos se advierta en pantalla claramente el uso de IA en la generación de contenidos, un mínimo que ya existe en la Unión Europea.

Lo anterior, denota una mayor gravedad, si consideramos que entre quienes siguieron la franja electoral, el interés fue encabezado por el público de mayor edad. En el horario prime, por ejemplo, el 63% de la audiencia corresponde a personas mayores de 50 años, mientras que el 31% pertenece al grupo de 18 a 49 años.

En esa misma línea el Observatorio Desinformación Chile, a través del trabajo realizado con metodología IMI (Interference Manipulation Information) observó que en el proceso electoral de primera vuelta, un 82.2% de desinformación caracterizada como contenido fabricado, manipulado y distorsionado, se encuentra en dicha franja lo que se complementa además con los estudios elaborados por el PNUD que dan cuenta de un nuevo fenómeno llamado comunicación tóxica, la cual contiene una variedad de desórdenes informativos y se ha instalado en la conversación digital sobre las elecciones. De las publicaciones analizadas 74% son insultos, mensajes discriminatorios y divisivos; confrontación que aumentó al acercarse el mes de octubre. Este tipo de agresividad se ha dirigido principalmente a las candidaturas tanto presidenciales como a las del Senado y la Cámara de Diputados (49%), seguida por ataques a instituciones como el Poder Ejecutivo, el Congreso y los partidos políticos.  Los datos muestran que el principal motor de la mencionada agresividad es la orientación o afiliación política (69%). Esto no se trata de diferencias en ideas o un debate sobre posturas distintas de políticas públicas, sino de ataques que promueven la exclusión y el antagonismo, lo que impide la deliberación democrática.

Un punto que merece especial atención es la regulación legal de la franja ya que establece la responsabilidad expresa del partido político o candidato por el material difundido. La normativa vigente señala en distintos textos legales, que los partidos políticos, los candidatos independientes serán responsables de los contenidos que emitan a través de su correspondiente propaganda electoral. Sólo así será posible informar a la ciudadanía de las propuestas de campañas de cada uno de los candidatos, y obtener así un debate informado centrado en la igual difusión de ideas.

La evidencia que aquí se analiza demuestra que este objetivo no se ha cumplido y por tanto admite un análisis urgente. Particularmente el uso de imágenes generadas con IA nos enfrenta a una tensión especialmente compleja. Diversos investigadores y académicos del ámbito jurídico constitucional y del ámbito de las ciencias de la comunicación dan cuenta de que al crear realidades que nunca ocurrieron pero que parecen auténticas, se generan nuevos desafíos que exigen una doble examinación; por una parte a repensar en una posible regulación sobre conceptos fundamentales como la desinformación en procesos electorales y por otra en los relacionados con la ética de la imagen, la honra y por cierto, el deber con la verdad, lo que necesariamente implica corregir errores y evitar la manipulación y distorsión en este espacio de campaña para garantizar que el público tenga acceso a información que refleje la realidad, poniendo el servicio a la sociedad por encima de otros intereses. Adicionalmente y por si fuera, poco la evidencia en estudios de comunicación que aborda el impacto de los desórdenes informativos y los deep fakes en la credibilidad, revela amplia evidencia de que estas prácticas, provocan una pérdida de confianza en los medios de comunicación e instituciones, que a la postre afecta a todo el sistema democrático.

María José Labrador, Nairbis Sibrian, Fernando Gutiérrez, Myriam Ruiz

CECA Centro de Estudios de Comunicación Aplicada. Facultad de Comunicaciones UDD

Observatorio Desinformación Chile