La Región del Biobío es una zona expuesta a amenazas naturales y otras asociadas a la vocación productiva e industrial del territorio: incendios forestales, inundaciones, desbordes de ríos y derrumbes no solo se repiten, sino que, con el cambio climático, han aumentado en severidad y frecuencia. No se trata de percepciones los riesgos han crecido objetivamente. Somos el país de la OCDE más expuesto a desastres: un 54% de su población y un 12% de su superficie están bajo algún riesgo latente.

Un ejemplo reciente fue la alerta de tsunami emitida tras el terremoto en la península de Kamchatka, Rusia que movilizó a más de 1,5 millones de personasen Chile. La alerta SAB activó evacuaciones mediante celulares, y en general, la población respondió adecuadamente, a pesar de dificultades como el colapso del transporte público o la congestión vehicular. En estos contextos la recomendación de manual es trasladarse a pie, lo que fue complejo debido a las lluvias intensas que, poco después activaron otra alerta SAE por a crecida del río Andalién.

Hoy sin duda contamos con una institucionalidad más preparada: SENAPRED, junto al SHOA y el Centro Sismológico Nacional, lideraron la gestión de la emergencia. Pero la experiencia dejó focos de mejora: el mensaje “finde peligro” tuvo el mismo tono quela alerta inicial, generando confusión. Para quienes estaban en albergues pudo ser una señal esperada, pero al no diferenciarse en forma ni fondo, instaló innecesariamente una alarma en medio dela madrugada.

La tarea ahora es mejorarla precisión tecnológica para segmentarlos destinatarios, reforzar la credibilidad del sistema y fomentar la cultura del autocuidado.

De forma complementaria, el Ministerio de Obras Públicas anunció la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Tsunami, que contempla cerca de mil dispositivos sonoros y visuales a lo largo de los más de 6 mil kilómetros de costas del país. En el Biobío, se instalarán 144, convirtiéndose en la segunda región con mayor cobertura. Pero seamos claros, ninguna tecnología reemplaza a una ciudadanía empoderada e informada.

La comunicación de riesgos no debe limitarse a la emergencia. Debe ser constante, clara, pertinente y adaptada a distintos públicos. Se trata de educar, movilizar y construir confianza. Las personas deben comprender los riesgos, confiar en las instituciones y saber cómo actuar.

La comunicación tiene un rol esencial: generar conciencia de riesgo, ese estado de alerta informado que permite anticiparse no solo a los desastres naturales sino que también ala desinformación o la falta de coordinación.

Es innegable el aprendizaje institucional y ciudadano. La resiliencia debe guiar la planificación urbana, la inversión pública y también el quehacer comunitario. Es una responsabilidad ética y social. Vivir en una zona de riesgo no debiera ser sinónimo de vulnerabilidad, sino de preparación.