En los últimos días, el debate sobre la información en Chile ha girado en torno a Telecanal, medio de televisión abierta que comenzó a emitir la señal del canal ruso RT sin autorización previa del Consejo Nacional de Televisión (CNTV). Esta acción generó inmediatamente la preocupación en el Congreso por la posible vulneración de la normativa que regula el sistema televisivo local y podría configurar un atentado a la transparencia, la soberanía informativa y la fiscalización de contenidos en medios nacionales.
Recordemos que, en 2022, los 27 países de la Unión Europea decidieron prohibir la difusión de los medios estatales rusos RT y Sputnik, debido a que el régimen ruso se ha visto envuelto en varias prácticas de desinformación que menoscaban la libertad de expresión y pensamiento. Evidentemente, este sorpresivo cambio de programación de Telecanal activó las alertas.
El Observatorio de Desinformación Chile informó que diversas investigaciones globales dan cuenta que RT funciona como brazo mediático del Kremlin con un complejo entramado estructural de desinformación, que incluye comunicaciones oficiales del gobierno, mensajes financiados por el Estado, facilitación de fuentes subsidiarias, uso de las redes sociales como arma y desinformación cibernética.
Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. también ha advertido sobre entidades rusas dedicadas a campañas de manipulación de información dirigida a América Latina, para promover intereses estratégicos de Rusia en la región a través de la captación manifiesta y disimulada de medios e influenciadores locales.
Es cierto que Telecanal tiene una presencia marginal dentro del ecosistema mediático, pero cuenta con cobertura nacional. Si se analiza el asunto sólo a partir de las cifras, podría proyectarse una escasa influencia. Sin embargo, la dimensión mediática que ha tenido el caso podría despertar un interés inusitado, generando un efecto complejo y difícil de predecir y que en nada disminuye la gravedad de la situación.
La Ley N° 18.838, promulgada en 1989 y actualizada hasta 2024, crea y regula el funcionamiento del CNTV en Chile. Esta norma reglamenta el sistema de concesiones otorgadas por el Estado a personas naturales o jurídicas chilenas, quienes deben cumplir con una serie de obligaciones legales, técnicas y de contenido. Ese contexto exige que los concesionarios respeten principios como el pluralismo, la veracidad y el respeto a los derechos fundamentales, por lo que la emisión de contenidos de un medio sancionado por desinformación en otras jurisdicciones (como la UE o EE. UU.) puede ser objeto de fiscalización y sanción por parte del CNTV, especialmente si se considera que vulnera el interés público o la soberanía informativa.
¿Cuáles serían los riesgos? Principalmente la falta de transparencia, la posible propiedad cruzada con otros medios (como La Red) y la vulnerabilidad del sistema regulatorio frente a operaciones extranjeras con fines propagandísticos, lo que amerita un rápido y profundo debate para despejar la situación.
Frente a los efectos que podría tener un canal desinformativo, es urgente que Chile refuerce los mecanismos de defensa informativa en el marco de los valores democráticos, ya que la libertad de expresión no puede ser utilizada como escudo para la manipulación sistemática y la alteración de la verdad. En ese sentido, proteger el ecosistema informativo de una potencial injerencia extranjera y evitar que la opinión pública reciba mensajes ligados a intereses geopolíticos, es proteger la democracia misma, su solidez y estabilidad.
Dr. Fernando Gutiérrez Atala
Investigador Centro de Estudios de la Comunicación Aplicada (CECA)
Universidad del Desarrollo
