Chile es un país donde la confianza en las instituciones públicas se encuentra en niveles históricamente bajos. Y no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una crisis más amplia de representación y legitimidad. Múltiples reportes indican que la ciudadanía percibe que muchas instituciones no están respondiendo a sus necesidades ni actúan con transparencia. Hemos dicho antes que esta desconfianza tiene consecuencias graves, como la reducción la participación cívica y el aumento del escepticismo hacia la democracia, por señalar algunos.
En ese contexto, el reciente informe de la Contraloría General de la República ha encendido una nueva alarma ética. Entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen funciones estatales viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica.
El reporte del órgano contralor señala también que para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a permisos entregados por Fonasa y un 31% por las distintas Isapres. Según los datos entregados por la PDI, los titulares de esas licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo.
Este hallazgo no solo revela una grave irregularidad administrativa, sino que pone en cuestión el compromiso ético de quienes, por definición, deberían ser los primeros en dar el ejemplo. La licencia médica es un instrumento legítimo, diseñado para proteger la salud del trabajador y garantizar su recuperación. Pero cuando se transforma en un mecanismo para eludir responsabilidades laborales o permitir vacaciones encubiertas, se convierte en una forma de corrupción blanda y corrosiva.
Hoy cobra especial interés aquella expresión constante que señala que de ética se habla mucho, pero se entiende y practica poco. Esto es preocupante pues, particularmente en el servicio público, la ética no puede ser un adorno discursivo ni una aspiración idealista. Es la base sobre la cual se construye la legitimidad del Estado. Cada funcionario público, desde el nivel más alto hasta el más operativo, lo representa ante la ciudadanía, por lo que su conducta no es solo personal, sino institucional. Cuando un funcionario abusa de una licencia médica para viajar al extranjero, no solo comete una falta administrativa, sino que traiciona la confianza pública y debilita el tejido moral del aparato estatal.
La respuesta a un caso como este no puede limitarse a sanciones individuales. Se requiere una reforma profunda de la cultura organizacional del sector público, que promueva la integridad como valor central. Esto implica fortalecer los mecanismos de auditoría interna, establecer protocolos de verificación cruzada y, sobre todo, fomentar una ética del deber que trascienda el cumplimiento formal de las normas.
Incluso, esta necesidad va mucho allá del ámbito público y debería ser de interés de todo el espectro formativo formal y familiar, desde la edad más temprana. Pero ¿cuáles son las bases filosóficas y morales reales que las bases curriculares de la educación consideran en el caso chileno? ¿cuál es la trascendencia que estos asuntos tienen en el itinerario formativo en comparación con otros contenidos duros y supuestamente más importantes para el desempeño futuro? ¿cuál es el rol de las humanidades, la filosofía y la ética en las mallas curriculares de las carreras universitarias en Chile? Tenemos muchísimo que debatir y trabajar aún.
En tiempos donde la ciudadanía exige mayor transparencia, eficiencia y responsabilidad, el Estado no puede permitirse estos vacíos éticos. La función pública debe ser entendida como un compromiso con el bien común, no como una oportunidad para el beneficio personal. Y ese compromiso comienza con lo más básico: cumplir con el trabajo para el cual se ha sido contratado y remunerado con fondos de todos los chilenos.
Dr. Fernando Gutiérrez Atala
Investigador Centro de Estudios de la Comunicación Aplicada (CECA)
Universidad del Desarrollo
