Columna de Opinión en el medio La Tercera de Nairbis Sibrian Díaz, académica de Periodismo UDD y Manuel Hernández periodista en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Tal y como se actúa frente a un tablero de escaques, el actual régimen venezolano –desde el gobierno chavista– ha logrado minar la institucionalidad del país y erosionar su sistema de medios gracias a un paulatino movimiento de piezas que, año tras año, regula en favor del control político estatal y no del bien común.
La disputa sobre el control de los medios fue clave para crear las actuales condiciones políticas en Venezuela. Su acción más clara comenzó en 2004, con la aprobación de la Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La oposición la denominó “Ley mordaza” por sus posibles efectos negativos sobre la libertad de expresión. En cambio, el gobierno la llamó “Ley resorte”, al considerar que acabaría con el oligopolio mediático e impulsaría la producción nacional independiente.
Seguidamente, aparece la Ley de Telecomunicaciones, que exigía a los canales de televisión renovar sus concesiones, vigentes o no, frente al Ejecutivo.
Gracias a este tipo de leyes, en 2006 no se renovó la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), la cual terminaría el día 27 de mayo de 2007. Asimismo, en 2013 el canal Globovisión, crítico al chavismo, fue vendido a grupos políticos afectos al oficialismo.
Estos son sólo algunos casos de medios censurados, pero desde el pasado 28 de julio ya suman 12 los sitios web bloqueados. Asimismo, organizaciones no gubernamentales como Espacio Público señalan que, en las últimas dos decadas, se han cerrado 400 medios de comunicación.
La astucia de estas legislaciones es que manipulan nociones como “discurso de odio” para controlar actos del habla considerados derogatorios hacia autoridades de gobierno. Además, establecen sanciones frente a lo que consideran “propaganda de guerra”, “manipulaciones mediáticas”, “desconocimiento de autoridades”, “irrespeto a Poderes Públicos”, o “que pudieran inducir al magnicidio”.
Concretamente, penalizan por publicar cualquier contenido percibido “contrario a la seguridad de la nación” y se utilizan para defender al Ejecutivo. Estas leyes permitieron la condena de Leopoldo López en 2015, quien fue juzgado por un delito de opinión y cuya sentencia refiere el artículo 285 del Código Penal venezolano, donde se estipulan penas asociadas a “desobediencia de las leyes o su incitación entre sus habitantes”.
