Las acusaciones de mentiras en la campaña se han intensificado esta semana, incluso con partidos anunciando medidas y autoverificaciones. Algunas de estas frases son falsedades; otras, parte del debate, y algunas, exageraciones.

Con el debut de la franja y la intensificación del debate previo al plebiscito, han surgido diversas voces tanto del A favor como del En contra que acusan la existencia de fake news y mentiras durante la campaña.

Si bien esta es una característica que se repite en todos los procesos eleccionarios -incluyendo el plebiscito en que se votó la propuesta de la Convención Constitucional en 2022-, este año las críticas, principalmente contra la franja, se han ‘oficializado’, a través de anuncios y acciones de actores del proceso, como los partidos políticos.

El martes, Demócratas y Amarillos, a través de una declaración pública acusaron ‘a los partidos del gobierno del Presidente Boric de actuar conscientemente de mala fe, usando un espacio obligatorio de difusión pública y recursos de todos los chilenos para mentirle a la ciudadanía’, anunciando que ‘estudiaremos acciones administrativas y legislativas que permitan rescatar, para eventos electorales futuros, el uso y abuso que los partidos del gobierno del Presidente Boric está haciendo de ella’.

Además, la UDI también acusó mentiras en la franja y lanzó una página web para ‘desmentir’ presuntas fake news y disponer de una ‘fuente confiable’ para que las personas ‘verifiquen’ afirmaciones de la campaña del En contra.

La idea es similar al criticado chequeo de afirmaciones que realizó la dirección de comunicaciones de la Convención Constitucional en 2022, en que las verificaciones fueron efectuadas por una institución y no por periodistas especializados de medios de comunicación.

No todas las afirmaciones son calificables en categorías de verdadero o falso, ya que no todas tienen carga factual (es decir, no dicen datos). Algunas de ellas son opiniones o predicciones, que tampoco se pueden calificar, y otras son parte de fenómenos desinformativos más amplios, como parodias, contenidos engañosos o conexiones falsas, o incluso exageraciones del debate, en temas como las consecuencias del texto para el aborto en tres causales o el fin de las contribuciones para las primeras viviendas, en que tanto los partidarios del A favor o En contra han manifestado diversos argumentos, así como los mismos expertos. (Ver recuadro).

Académicos investigadores sobre desinformación comparten esta mirada.

Sebastián Valenzuela (UC) cree que ‘varios ejemplos que se han dado, en estricto rigor, no son desinformaciones, son más bien opiniones y estas no son verificables. Cuando se plantea algo a futuro, tampoco se puede verificar, ya que es una potencialidad. Lo que es chequeable es aquello sobre lo cual hay evidencia y es verificable por un tercero’.

‘Muchas veces se está usando el concepto de fake news de una manera más laxa de lo que uno quisiera para criticar opiniones, posturas, opciones legítimas, en vez de discutirlas en su mérito, que por un tema de atajo mental y comunicacional se rotula bajo el término de noticia falsa o desinformación’.

En esta misma línea, Magdalena Saldaña (UC) analiza que ‘es interesante observar la baja cantidad de información (o desinformación) chequeable, es decir, información que pueda confirmarse o desmentirse a partir de datos factuales. Lo que más se ha visto son interpretaciones, ya sean favorables o desfavorables al nuevo borrador, que suelen caer en el ámbito de la opinión, pero que no necesariamente puede evaluarse en términos de verificación’.

Y agrega que ‘los partidos están defendiendo su posición no solo ante el borrador, sino ante el proceso mismo y las voces que fueron más prominentes en este nuevo intento constitucional. Ante eso, ver partidos calificando opiniones contrarias como fake news no es nuevo, ya que está estudiado que ese concepto se utiliza especialmente para deslegitimar informaciones, afirmaciones u opiniones que son contrarias a los propios valores y creencias políticas’.

Respecto de los intentos de los partidos por definir lo verdadero o lo falso, Marcelo Mendoza (UC) sostiene que es ‘muy peligroso’ y recuerda que los verificadores de datos se rigen por estándares y metodologías validados, y compromisos por la transparencia y equidad.

‘Si existen grupos de interés que claramente tienen una carga ideológica porque pertenecen a un determinado partido político, no se cumple con la equidad y con la independencia de los chequeadores y las fuentes, ya que los partidos políticos son parte de los actores a los cuales hay que chequear y, entonces, no se puede ser juez y parte en este proceso; lo que yo esperaría es que se externalicen y trabajen con agencias de fact checking que tienen una larga trayectoria en nuestro país’.

En tanto, María José Labrador (UDD) sostiene que ‘más que calificar afirmaciones como fake news, se requiere un análisis integral sobre la naturaleza de la desinformación: cómo se origina, su propagación a través de distintas plataformas de redes sociales y los actores responsables de su difusión. En particular, en América Latina se han explorado ejemplos de noticias falsas que circulan durante los períodos electorales, poniendo énfasis en aquellas que cuestionan la legitimidad de los procesos democráticos, ya que la desinformación en contextos electorales supone una gran amenaza para la democracia’.