Por Ma. José Labrador y Myriam Ruiz
Las “narrativas hostiles” son una preocupación en organismos como la Unión Europea, la OTAN y otras entidades dedicadas a la ciberseguridad o a cuestiones de defensa, y utilizan esa expresión como un fenómeno de desinformación y desestabilización, estando o no en tiempos de guerra. Son ocupadas en procesos electorales y merecen especial análisis e investigación en América Latina. Adicionalmente, la Ocde ha venido sosteniendo hace ya algún tiempo la necesidad de adoptar una perspectiva holística o sistémica respecto al fenómeno de la desinformación. Considera que enfrentarla requiere no solo de las autoridades estatales, sino también de las plataformas digitales y los mercados de medios a través de los cuales circula, así como de la ciudadanía como consumidores finales de esa información. Esto, en palabras de Burkhardt, ha conducido al predominio de la “economía de la atención”, con un modelo de negocios que consiste en atraer y retener a usuarios que acceden y comparten la información. Los nuevos modelos de gobernanza, junto con el conjunto de la sociedad (enfoque de “whole of society”) que sugiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son necesarios para construir resiliencia en las democracias frente a la desinformación. Esto implica un rol activo de la sociedad civil y los medios tradicionales, así como de las plataformas. En una palabra, se busca involucrar a todo el ecosistema mediático para asegurar, al mismo tiempo, la integridad de la información y la libertad de expresión. Frente al último proceso electoral en la región en 2023, el plebiscito constituyente de salida en Chile, la observación sobre la caracterización de la desinformación que pueda producirse y las metodologías que se utilicen para medir este fenómeno se constituyen como un factor clave del análisis. Por un lado, se observa un aumento progresivo en la desconfianza en este proceso (62,5%, según la última encuesta de Criteria). Por otro lado, y según la misma medición, un 31 % de los chilenos ni siquiera estaría interesado en dicho proceso, lo que podría traducirse en que tampoco busca informarse sobre un tema tan importante para el país y sus ciudadanos. Lo anterior reviste un grave peligro, ya que, según las mediciones públicas, este segundo proceso partió con una clara inclinación hacia el voto de rechazo; sin embargo, desde el inicio del trabajo del consejo constituyente no se ha informado de manera didáctica o pedagógica, propia de la educación cívica, con la finalidad de favorecer el interés y la participación de la población y, por ende, lograr que los votantes estén informados. Este proceso único, con la mirada internacional puesta en Chile, necesita canales de información adecuados y oportunos. El riesgo que se corre al votar sin estar informados es ser presos de informaciones falsas, inexactas, engañosas, de contexto falso o manipuladas, que pueden echar por la borda la legitimidad; sobre todo, perder la oportunidad histórica que tenemos de escribir una Constitución para el Chile del siglo XXI. Habrá que poner un especial énfasis, entonces, en cómo funcionará esa “economía de la atención”, asumiendo el rol que a cada uno nos corresponde para asegurar la integridad de la información y la libertad de expresión con miras al 17 de diciembre.
