Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ocasión en que el calendario nos convoca a una pausa reflexiva que va mucho más allá de una efeméride gremial. Al conmemorar la histórica Declaración de Windhoek de 1991, no solo recordamos el compromiso de redactar principios esenciales para una prensa libre, sino que renovamos el imperativo del libre flujo de ideas como insumo indispensable para mantener una sana convivencia ciudadana.

Sin embargo, este domingo la celebración llega con un sabor amargo y una urgencia estadística que no podemos ignorar.

El ecosistema informativo global atraviesa su momento más crudo en un cuarto de siglo. Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), por primera vez en la historia de su Clasificación Mundial, más de la mitad de las naciones (52,2%) se encuentran en una situación calificada como «difícil» o «muy grave». No es una exageración retórica: la puntuación media global nunca había sido tan baja.

Mirándolo con detalle, lo que hoy enfrentamos es una implicada erosión del derecho a informar y a ser informado. Bajo el pretexto de la «seguridad nacional», hemos visto proliferar iniciativas legislativas restrictivas que, paradójicamente, nacen en el seno de democracias que juraron proteger la libertad. No en vano, el indicador legal es el que más ha retrocedido este año, develando una tendencia alarmante hacia la criminalización del ejercicio periodístico.

Aterrizando los datos en nuestra región, el panorama en las Américas es desalentador. El descenso de siete puestos de Estados Unidos (ahora en el lugar 66) es solo la punta del iceberg de una espiral de hostilidad institucional. En Latinoamérica, el desplome es dramático: Ecuador protagonizó una de las caídas más abruptas a nivel mundial, retrocediendo 31 lugares hasta el puesto 125, asediado por la violencia del narcocrimen. Perú descendió a la posición 144 y Argentina cayó al puesto 98, reflejando cómo la polarización política y el ataque sistemático desde el poder central minan la confianza pública.

Chile no es ajeno a este fenómeno. Aunque conservamos una estructura institucional aparentemente sólida, hemos descendido hasta el puesto 70 del ranking global. Esta caída no es fortuita y responde a un debilitamiento del periodismo de investigación y a una creciente inseguridad e inestabilidad laboral para los profesionales en terreno. Aquello evidencia que no basta con que la libertad de prensa esté escrita en la Constitución si en la práctica el periodista enfrenta trabas administrativas o amedrentamientos que limitan su función fiscalizadora.

En contraste, casos como los de Uruguay (48°) y Brasil (52°) que lograron ascender 11 posiciones, o la resiliencia de Costa Rica (38°), pese a su leve retrocesonos demuestran que la voluntad política y el respeto por el pluralismo pueden contener la marea autoritaria.

Una mención específica: menudo nos centramos en el concepto abstracto de «prensa», pero olvidamos la figura del informador. El periodismo de calidad que defendemos en las aulas y en las redacciones requiere condiciones mínimas de seguridad y dignidad. Cuando un periodista es silenciado, no solo un profesional el que pierde su trabajo: es la ciudadanía la que pierde sus ojos y oídos ante el poder.

Entonces, este 3 de mayo debe ser más que un recordatorio para los gobiernos sobre sus deudas pendientes. Debe ser una invitación amplia a la sociedad civil para valorar esa información veraz, trabajada y elaborada por sujetos profesionales legitimados. Sólo ella permite comprender el mundo en el que vivimos y tomar decisiones libres y basadas en certezas compartidas, permitiendo que el ciudadano deje de ser un simple espectador de la crisis, para convertirse en un sujeto activo, consciente y crítico.

Por DR. FERNANDO GUTIÉRREZ ATALA, Investigador Centro de Estudios de la Comunicación Aplicada (CECA) Universidad del Desarrollo