El camino hacia la equidad de género en Chile ha sido largo y sinuoso. Desde la lucha por el derecho al voto, hasta la incorporación al mercado laboral y la adopción de leyes de igualdad salarial, cada avance ha requerido años de movilización y resistencia. Este nuevo 8M nos plantea desafíos que demandan un cambio cultural profundo.

La brecha salarial sigue siendo una de las heridas más visibles en términos de desigualdad de género. Las chilenas continúan percibiendo aproximadamente un 20% menos que sus colegas hombres por trabajos equivalentes. Esta disparidad no solo refleja discriminación directa, sino también la subvaloración sistemática de sectores laborales tradicionalmente feminizados, como el de la educación primaria, salud y cuidados a terceros, y trabajo doméstico.

El techo de cristal, laberinto de cristal, suelo pegajoso, o como lo quieran caracterizar, permanece como una barrera invisible pero contundente. Una muestra: en los directorios de las grandes empresas chilenas, la presencia femenina apenas supera el 10%, muy por debajo del promedio de la OCDE, que evidencia un 33% de participación femenina en Europa y un 32% en Estados Unidos y Canadá.

Esta brecha muestra que las mujeres siguen enfrentando obstáculos para acceder a espacios de toma de decisiones, debido principalmente a que el trabajo doméstico y de cuidados recae mayoritariamente en hombros femeninos. Las chilenas dedican, en promedio, 5.9 horas diarias a labores no remuneradas, casi el triple que los hombres. Esa “doble jornada» limita sus oportunidades profesionales y perpetúa ciclos de dependencia económica.

Dicha falta de equidad tiene consecuencias demográficas y económicas alarmantes. Chile presenta una de las tasas de natalidad más bajas de América Latina, fenómeno directamente vinculado a la incompatibilidad entre maternidad y desarrollo profesional. Las mujeres están postergando o descartando la maternidad ante la imposibilidad de conciliar cuidados y trabajo en un mercado laboral inflexible. Según datos del INE, para que se produzca un recambio poblacional se requiere alcanzar una tasa de fecundidad de 2,1 hijos por madre. Hoy solo es de 1,17 y, en una década, los nacimientos han disminuido de 14 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2014 a 9 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2024.

Por otra parte, la desigualdad impulsa la proliferación del mercado informal, donde cerca de 1,2 millones de trabajadores se desempeñan sin protección social ni derechos laborales. Este círculo vicioso perpetúa la precariedad, ya que la informalidad reduce los ingresos vitalicios y las futuras pensiones, profundizando la feminización de la pobreza en la vejez.

Este 2025 nos exige transitar desde la igualdad formal hacia la sustantiva. Necesitamos que el Estado desarrolle políticas públicas que reconozcan la diversidad de experiencias femeninas, sistemas de cuidado corresponsables, educación no sexista desde la primera infancia, y mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de las leyes ya existentes, porque la equidad de género no es “un tema de mujeres”, sino un imperativo democrático y de desarrollo.